Marginar de la vida política del país a las personas privadas de libertad es un problema de graves consecuencias. No sólo profundiza su aislamiento y marginación de la comunidad a la que pertenecen y a la que, eventualmente, volverán, sino que también afecta la calidad de nuestra democracia. Por eso, estamos trabajando junto a diversas organizaciones para promover su inclusión y participación en los procesos políticos del país.
Algunas son, permitir que quienes no han perdido su ciudadanía ni su derecho a voto puedan sufragar en todas las elecciones. También, buscamos garantizar mecanismos de participación en el proceso constituyente en curso. Además, colaboramos en la redacción de una propuesta para dar un nuevo trato constitucional a la población penal. Te invitamos a leerla acá.